¿Qué es la ley de la dependencia?

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como «ley de dependencia», es una ley española que crea el actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados.

La Ley fue presentada el 5 de marzo de 2006 por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto público. El 20 de abril de 2006 fue aprobada por el Consejo de Ministros y el 30 de noviembre de 2006 fue aprobada de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayoría.

Al final, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 299, del 15 de diciembre de 2006.

La Ley inició su andadura gradual el 1 de enero de 2007. Desde entonces, se han aprobado las siguientes normas de desarrollo de la Ley:

• El Real Decreto 504/2007 de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la ley de 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

• El Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, ​ este baremo se adoptó, según se afirma en el preámbulo del Real Decreto, para “mejorar la objetivación de la situación de dependencia y la clasificación de sus grados y niveles”. Desde su entrada en vigor se han endurecido los requisitos para ser reconocido en situación de Dependencia y, en consecuencia, se ha reducido el número de incorporaciones anuales de nuevas personas a los beneficios de la Ley de Dependencia.7​

• El Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección, que regula la aportación de la Administración General del Estado a la financiación de Ley de Dependencia, los nuevos criterios de asignación y la forma y procedimiento de pago a las comunidades autónomas.

• El Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que regula los servicios y prestaciones económicas de la Ley de Dependencia, las compatibilidades e incompatibilidades entre los mismos y asegura la excepcionalidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

• Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el R.D. 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

¿Cómo es la ley de la dependencia?

Una vez hemos visto las leyes y sus correspondientes decretos, me gustaría definir los términos más importantes de la ley de las dependencias, que son la autonomía y la propia dependencia.

Se entiende por Autonomía, según la citada Ley 39/2006, la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Se entiende como Dependencia como un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar a una relación de origen o conexión, a la subordinación a un poder mayor o a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo.

Objetivos de la ley de dependencia

Reconocer un nuevo derecho de ciudadanía en España, universal, subjetiva y perfecta: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)

• Principios fundamentales de la ley de dependencia

• El carácter universal y público de las prestaciones.
• El acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad y no discriminación.
• La participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias

• Trámites para solicitud y funcionamiento.

• Solicitud

Se presentará, según el modelo oficial correspondiente, por la persona que estima encontrarse en situación de dependencia o por quien ostente su representación, acompañando los documentos que requiera la Administración Pública competente.

• Documentación

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Si el dependiente tiene representante, una acreditación de la representación y su fotocopia del DNI.

Certificado de empadronamiento que acredite la residencia en España.

Para determinar la capacidad económica, se deberá adjuntar la última declaración de la renta o un documento acreditativo de las rentas percibidas.

Informe social. Los Servicios Sociales correspondientes a la Administración competente elaborarán un informe social que incluirá, entre otros datos, los antecedentes sociales, los datos de convivencia, su capacidad para llevar a cabo por sí mismo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o la necesidad de apoyos y supervisión.

Informe de salud. El informe de salud de la persona solicitante es requisito previo a la valoración de la situación de dependencia y forma parte de la información básica de que deben disponer las personas que van a efectuar la valoración. El informe debe recoger los principales datos de diagnósticos médicos relacionados con la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

• Valoración de la dependencia

Tras rellenar la solicitud y aportar la documentación necesaria, la Administración competente se pondrá en contacto con el dependiente para fijar el día y la hora de la valoración.

Los órganos de valoración de las comunidades autónomas emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia, concretando los cuidados que la persona pueda requerir.

• Reconocimiento del grado de dependencia

El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración competente, donde resida el solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado español.

La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según su grado de dependencia.

• Elaboración del Programa Individual de Atención (PIA)

Los Servicios Sociales correspondientes del sistema público establecerán un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades del solicitante, entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado. Se consultará con el beneficiario y su familia o entidades tutelares que le represente las alternativas propuestas.

• Resolución del procedimiento de reconocimiento de prestaciones

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud. Aunque no siempre se cumple este plazo.

Las resoluciones deberán notificarse a las personas solicitantes o a sus representantes legales, mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción.

Tipos / Grados de dependencia

Se definen los siguientes grados de dependencia en la ley

• Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
• Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
• Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Ahora que sabemos cómo funciona y se gestiona la ley, os animo a formaros en las profesiones sanitarias que son necesarias en la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.